La violencia parece haber cubierto el territorio nacional, abundan hechos y acciones del crimen organizado y del mismo Estado a través de los cuerpos policiacos, el ejército y la marina. La impunidad aparece como otra forma de violencia, no sólo para impedir el esclarecimiento y la justicia, sino para silenciar, ocultar o invisibilizar el terror y el horror que se siembra cotidianamente entre los ciudadanos. Se ha vuelto cosa de todos los días la persecución, la desaparición forzada o la matanza “justificada” o disfrazada de enfrentamiento contra “el crimen organizado”; también es cotidiana la criminalización de aquellos que alzan su voz contra la discriminación, la cancelación del futuro, la pobreza, la exclusión.

El caso de los estudiantes asesinados y de los desaparecidos de la Normal de Ayotzinapa no es un hecho aislado sino parte de un cúmulo de acciones que, por su crudeza y arbitrariedad, agravian en lo más profundo a la ciudadanía, a las comunidades rurales y a la sociedad entera. La matanza de 22 presuntos delincuentes el 30 de junio de 2014 en Tlatlaya, Estado de México, presentada falsamente como “enfrentamiento” entre el ejército y el crimen organizado; la persecución y el asesinato de 6 personas y la desaparición forzada de 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa, Guerrero, la noche del 26 al 27 de septiembre de 2014, ilustran la violencia y el abuso de poder, el desprecio por la legalidad y por la vida y la seguridad de que en México se puede hacer lo que sea impunemente. Pero también muestran que la sociedad puede organizarse, levantarse y exigir verdad, justicia, respeto al Estado de derecho y alto a la impunidad.