En los últimos años del siglo XX se desarrolló una verdadera insurrección municipal de gran relevancia para la transformación del sistema político mexicano, la cual fue, en parte, responsable de la alternancia partidaria en todos los niveles de gobierno. Durante este periodo se generaron un gran número de pequeñas batallas políticas en todo el territorio nacional, que expresaban el descontento de sectores sociales frente a la hegemonía del gobierno del PRI.

Las luchas ciudadanas municipalistas fueron uno de los elementos que desgastaron al régimen priísta y lo empujaron a una transición política, consolidando gobiernos locales de oposición que, poco a poco, ganaron terreno en la geografía electoral del país. Esto representó la vía centrípeta del sistema político mexicano, en la medida en que fue impulsada desde sus orillas, desde los municipios.

La alternancia en el gobierno federal en el 2000 marca un cambio en el régimen político hacia un sistema donde tienen preponderancia los partidos políticos, que empiezan a controlar los principales espacios de decisión de la vida pública nacional. En este contexto, y a pesar de las expectativas de cambio, se dejó al espacio municipal en una situación de estancamiento, condenando a los gobiernos municipales a ser un eslabón en la reproducción del régimen de partidos

Ante estas condiciones surgen nuevas acciones ciudadanas que ponen de manifiesto las limitaciones y exclusiones del régimen político recién instalado, lo que inicia un nuevo ciclo de luchas sociales; en particular se destaca el proceso de construcción de la Agenda Ciudadana Municipalista.