En México, como en muchos países del mundo estamos viviendo una situación coyuntural ocasionada por la pandemia del COVID-19. Pasamos de ser observadores de lo que ocurría en otras regiones del mundo a vivir en nuestras comunidades tanto las medidas de prevención como la presencia de la enfermedad y a experimentar afectaciones en la salud, en lo económico y en lo social.

En lo inmediato, la enfermedad ha impuesto fuertes exigencias sobre la operatividad del sistema de salud, desde la divulgación de información, la vigilancia epidemiológica, las campañas de prevención, hasta la capacitación y creación de protocolos de atención para las personas con enfermedad o sospecha de enfermedad; también ha demandado fortalecer la coordinación y cooperación interinstitucional entre los diferentes órdenes de gobierno y entre distintas dependencias de la administración pública; además, se ha requerido idear nuevas formas de apoyos, tanto gubernamentales como de la iniciativa privada, a los distintos sectores de la sociedad para que los impactos previsibles sean los menos graves posibles; asimismo, la enfermedad nos ha exigido nuevas formas de organización, tanto en el ámbito familiar, como en nuestras comunidades y centros de trabajo; y por supuesto, esta amenaza sanitaria nos ha movido a fortalecer los lazos de cooperación y solidaridad.