En un país como el nuestro, donde la muerte por violencia y la desaparición forzada equiparan a México con los países que ahora mismo viven una cruenta guerra declarada; donde la desigualdad social coloca a más del 70% de la población campesina bajo la línea de pobreza; donde la migración en tiempos de Trump –más arriesgada, costosa y difícil– ha sido el paliativo principal a los precarios ingresos rurales a costa del “vaciamiento”, “desjuvenización” y feminización del campo; en un país donde las mujeres rurales están asumiendo triples jornadas pero no necesariamente tienen más reconocimiento y derecho a participar en la toma de decisiones… Aquí, donde poco se cumplen o definitivamente se incumplen los derechos y libertades que consagra la Constitución y que debiera garantizar el Estado y sus instituciones; donde la lucha por el “sufragio efectivo” con que inició la Revolución de 1910 es aún una batalla con escasas victorias; donde se canjean recursos asistenciales por votos y lealtades políticas; donde se “moderniza” la compra de votos con “tarjetas” de débito sin que ninguna autoridad sancione delitos o fraudes electorales. En un país como el nuestro, donde hoy campea la violencia estructural y la delincuencia organizada en contubernio con gobernantes, funcionarios y políticos; donde la Guerra contra el narcotráfico ha dejado más de cien mil muertes y violentado derechos humanos que escandalizan a instancias nacionales e internacionales…

En este país donde las mujeres rurales, no sólo padecen todas las violencias, sino una “democracia de muy, muy baja intensidad” –como la llama Martha Figueroa, abogada feminista e integrante de la RedPAR– que las instituciones públicas, partidos políticos, organizaciones sociales y comunidades indígenas y mestizas del medio rural ubican como ciudadanas de quinta categoría.