La feminización del campo y de las economías locales, provocada principalmente por los movimientos migratorios de miles de campesinos, obligó a las sociedades modernas de fines del siglo XX y principios del XXI a volver la mirada hacia las mujeres rurales. Su presencia, participación y luchas organizativas, junto con las de otras mujeres en otros ámbitos de la sociedad, lograron –después de muchos esfuerzos– que fueran contempladas en las estadísticas demográficas, los programas sociales y las políticas públicas. Se ha realizado un arduo trabajo con perspectiva de género por parte del movimiento feminista, académicas, legisladoras, sociedad civil y de las propias organizaciones de mujeres rurales e indígenas para ser visibilizadas.

Sin embargo, todavía falta mucho por hacer, pues las mujeres rurales e indígenas siguen siendo discriminadas, y sus necesidades, demandas y propuestas no son escuchadas. Muchos programas gubernamentales y políticas dirigidas a las mujeres siguen siendo de corte asistencialista: las han utilizado como mano de obra para los servicios comunitarios, como administradoras y responsables de la educación y la salud de sus familias; sobrecargándolas de trabajo y condicionándoles los recursos. Siguen sin contemplar las necesidades estratégicas de las mujeres, sus propuestas y los complejos contextos en los que viven.